AHORA SI....

Se viene paro regional de 24 horas en Loreto

 El comité de lucha en apoyo a los pueblos indígenas acordó realizar un paro de 24 horas el próximo miércoles 27 de mayo, para lo cual vienen convocando a la población de Loreto su respaldo a la medida. El Frente Patriótico de Loreto, la CGTP, junto a otras organizaciones gremiales e indígenas, así como instituciones de la sociedad civil acordaron la medida el sábado último en una asamblea popular en la casa del maestro. En estos días se realizara un trabajo de sensibilización en la población para que sepan los detalles de la problemática indígena y todo lo que significa para Loreto, así como poner de manifiesto el desinterés que el gobierno, tiene para con la selva. (LVS)

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Simon convoca a dirigentes nativos a participar en reglamentación de decretos

El jefe del Gabinete Ministerial, Yehude Simon, convocó a los dirigentes de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidepsep) a participar junto con el Ejecutivo en la reglamentación de los decretos legislativos que vienen siendo cuestionados por algunos grupos de la amazonía. 

Indicó que, su participación, contribuirá a que se aclaren algunos temas y se encuentren soluciones a las demandas planteadas.

“Queremos invitar a los representantes de Aidepsep para reunirlos y que sean parte de la reglamentación; y ver si de esta manera zanjamos la parte que ellos suponen los está afectando”, dijo.

El jefe del Gabinete reiteró su pedido para que Alberto Pizango, líder de la organización Aidepsep, se sume al diálogo, no sólo para abordar este tema coyuntural, sino para tratar otros problemas como el de la salud, educación , electrificación y la presencia del Estado en esa zona del país.

“Los decretos legislativos deben seguir el camino que corresponde y si son inconstitucionales, el Tribunal Constitucional lo dirá”, manifestó.

Resaltó, en ese sentido, la predisposición del gobierno para lograr una pronta solución en el caso de las comunidades amazónicas.

“Respetamos sus culturas, sus etnias y estamos dispuestos a poder corregir los artículos de las leyes que ellos piensan que les están afectando, pero para eso es necesario que nos sentemos a dialogar”, expresó.

Consultado sobre la posibilidad de viajar a la selva para conversar directamente con las poblaciones nativas, dijo que ya sea allá, en Lima o en cualquier lugar, siempre está dispuesto a dialogar para tratar la problemática deel país.

Recordó que la semana pasada se instaló la mesa de diálogo y que está a la espera de que Aidesep designe a sus representantes en ese foro.

El presidente del Consejo de Ministros sostuvo hoy una reunión de trabajo sobre el tema de conflictos con la Defensoría del Pueblo, Beatriz Merino.

En la cita también intervino la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, quien agradeció la invitación para participar en esta reunión donde pudo conocer la opinión, el criterio y los conocimientos de la Defensora del Pueblo, Beatriz Merino en este problema. 

Dijo que al Ministerio Público le interesa conocer la información que tiene la Defensoría del Pueblo sobre el tema de las comunidades nativas de la selva, que, agregó, ha sostenido una relación de trabajo con estos dirigentes.

“Agradezco la invitación y ojala que sigamos interactuando, porque somos parte del Estado y cada uno debe trabajar en el rol que le toca”, refirió. (LVS)

ALER se pronuncia a favor de la derogatoria de los decretos amazónicos y hace un llamamiento al diálogo en Perú

 La Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER), con sede en Quito, se pronunció a favor de la derogatoria de " todo dispositivo legal que atente contra los intereses y el buen vivir de las poblaciones indígenas", en referencia al paquete de decretos legislativos aprobados en el marco del TLC con EE.UU y que ha motivado un paro en la amazonía que hoy cumple su día número 44. 

Aler es una Asociación Civil, constituida por Instituciones de América Latina y El Caribe, que hace comunicación radiofónica educativa de la que forman parte redes radiales de Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Perú, República Dominicana y Venezuela, entre otras.

En el comunicado, ALER mostró su preocupación por el uso de la violencia militar contra las comunidades nativas ante los desbloqueos en los ríos Napo y Curaray realizados por la Marina de Guerra del Perú contra las comunidades nativas que mantienen la paralización indefinida. 

"Expresamos nuestra preocupación por el uso de la violencia militar contra comunidades nativas, que en uso de su derecho a la huelga, reclaman pacíficamente la derogatoria de varios decretos considerados lesivos a sus intereses", reza el comunidad9o. 

Además, acusa al Estado peruano de permitir prácticas de deforestación de bosques y " extracción de petróleo y otras riquezas a favor de empresas nacionales y transnacionales, en desmedro de las poblaciones indígenas que milenariamente habitaron y habitan la amazonía". 

Por ello, ALER invoca a las autoridades peruanas a disponer la derogatoria de "todo dispositivo legal que atente contra los intereses y el buen vivir de las poblaciones indígenas". También pide a las poblaciones amazónicas y a sus dirigentes a promover el diálogo entre todos los actores para buscar una solución pacífica al conflicto creado. (LVS)

Parlamento Indígena de América expresó su apoyo a la lucha de los pueblos indígenas amazónicos

 La Junta Directiva del Parlamento Indígena de América emitió un pronunciamiento donde se solidariza con la lucha de los pueblos amazónicos y la considera reivindicativa de los pueblos históricamente olvidados, condena rotundamente la represión desatada por el gobierno peruano y respalda la labor de legisladores que han hecho lo posible por apoyar la causa.

Así mismo respaldaron la labor legislativa de la congresista Gloria Ramos y los demás parlamentarios indígenas, a fin de lograr la derogatoria de los decretos legislativos y reconocer el trabajo que viene realizando la congresista María Sumire, quien en su condición de Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Indígena de América, dirigió una comunicación al Presidente Alan García Pérez y a su gabinete, en la que responsabiliza al gobierno por la vida e integridad de las comunidades nativas ya que lejos de instaurar el diálogo con los dirigentes indígenas, ha desplegado acciones represivas. 

Por otro lado, expresaron su profunda indignación por las declaraciones del Presidente del Perú quien descalifica la lucha de los indígenas por sus tierras ancestrales, buscando además confundir a los peruanos, al afirmar que las tierras amazónicas pertenecen a todos ellos y no a un pequeño grupo que vive allí; cuando el objeto de los decretos legislativos cuya derogatoria exigen los nativos, es permitir la entrega de estas tierras a los capitales transnacionales. (LVS)

Petróleo: La causa del conflicto

Pedro Francke Economista, PUCP

 

La causa del conflicto en la Amazonía es el empecinamiento de Alan García en explotar todo el petróleo que hay allí, a como dé lugar, rápidamente. En una sola ronda de licitaciones otorgó concesiones para la explotación petrolera hasta que estas alcanzaron 49 millones de hectáreas de la Amazonía, el 72% de su territorio. Brasil, cuya área amazónica es mucho mayor que la nuestra, no tiene concesiones petroleras ni por la séptima parte que el Perú. Mucho menos Colombia, que también tiene un gobierno de derecha y neoliberal. 

¿Es esta la mejor estrategia para nuestra economía? Recuérdese que el petróleo sólo puede extraerse, y venderse, una vez. Se agota. Es verdad que podríamos sacar el petróleo y luego invertirlo juiciosamente en favor de las generaciones actuales y futuras, pero cuando todo ese dinero está en manos de nuestros gobernantes, puede desaparecer con facilidad. 

La corrupción prevaleciente en el Perú, como lo mostraron los petroaudios de Rómulo León y el “faenón”, indican que mejor es no sacar todo el petróleo a la vez, sino paulatinamente. Como dice el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz: “El subsuelo puede ser el mejor sitio para guardar esta riqueza, sobre todo si existe el riesgo de que el gobierno use esos ingresos para sus propósitos antes que para el bien público” (*). 

Por otro lado, el haber concesionado de golpe enormes territorios tampoco es buena política.  Refirámonos a Stiglitz nuevamente: “Cuando la competencia por los recursos es limitada –y sobre todo cuando se sabe que es limitada– el precio que prevalecerá será menor. Una forma de limitar la competencia es licitando súbitamente un gran número de lotes –aumentando la oferta de tal manera que la demanda por cada lote sea limitada” (*).  

Imagínese, amigo lector, que usted fuera dueño de 50 edificios en Lima. ¿Remataría todos los departamentos en un solo día, vendiendo a cualquier precio? Ni siquiera en la bolsa de valores, donde hay miles de compradores, un inversionista pone a la venta cantidades muy grandes de acciones de la misma empresa en un solo día. Eso lo sabe hasta el corredor de bolsa más novato. Pero ese remate acelerado es precisamente lo que hizo este gobierno en el “faenón” del petróleo. Este remate se ha realizado sin ningún diálogo con los pueblos indígenas, por lo que violenta convenios internacionales suscritos por el Estado peruano. La explotación petrolera viene generando, además, costos ambientales con efectos sobre la salud de los pueblos indígenas. En las 34 comunidades nativas de la zona de los ríos Tigres y Corrientes, donde opera Pluspetrol, el Ministerio de Salud encontró que el 98% de menores sobrepasa los límites aceptables de cadmio en la sangre. En muchas zonas, la explotación petrolera o maderera ha afectado la pesca y la caza, actividades básicas para la sobrevivencia de estos pueblos. 

La actual protesta indígena se explica porque su salud y su vida están amenazadas y tienen la ley de su parte. Pero reconocer que tienen la razón facilitaría también promover otras opciones de desarrollo amazónico basadas en el aprovechamiento del agua, el bosque y la biodiversidad en alternativas como el turismo ecológico, la venta de la captura de gases invernadero y los bionegocios. Todo ello debe hacerse consultando a los pueblos amazónicos, nunca imponiéndoles a sangre y fuego decisiones tomadas en la capital.

LA LEGÍTIMA DEFENSA CONSTITUCIONAL DE LAS COMUNIDADES AMAZÓNICAS: DERECHOS CONSTITUCIONALES QUE PUEDEN PREVENIR UN DESASTRE POLÍTICO

Antonio Peña Jumpa *

Miles de nuestras comunidades amazónicas (mal llamadas “nativas” en la Constitución y las Leyes) de las regiones de Amazonas, Loreto, Ucayali, San Martín, Cusco, entre otras, se encuentran por segunda vez en una “huelga indefinida” (o reclamo masivo efectivo) que supera los 35 días. La razón principal de esta “huelga” o reclamo masivo se encuentra en la puesta en vigencia de Decretos Legislativos (normas dadas por el Presidente de la República por delegación del Congreso de la República) y ciertas Leyes que, en opinión de los comuneros, afectan sus derechos ancestrales a la propiedad y recursos naturales de subsistencia en las tierras que ocupan históricamente. El reclamo tiene relación directa con un derecho garantista constitucional, a favor de dichas comunidades, que normalmente se desconoce y que bien podría evitar un desastre político.

En primer lugar, la Constitución Política de nuestro país reconoce el derecho a la identidad étnica y cultural de los miembros de las comunidades amazónicas (Artículo 2º, inciso 19º). Este derecho les otorga la facultad de ser diferentes y considerar, desde su concepción como grupo étnico, una apreciación crítica o contraria al contenido de los Decretos o Leyes cuestionadas.

Bajo este mismo derecho de identidad, la Constitución Política del Perú coincide con la vigencia del derecho de consulta a favor de pueblos “indígenas” u originarios regulado en la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo, del que el Perú es parte. De acuerdo a este derecho, debía haber al menos una consulta previa con las comunidades afectadas antes de la aprobación de una medida o promulgación de una norma.

En segundo lugar, la Constitución Política del Perú reconoce el derecho de propiedad como inviolable (Artículo 70º), garantizando un tipo de propiedad privada y comunal (Artículo 88º). Dentro de esta misma línea de derechos, la Constitución Política reconoce el derecho de autonomía de las comunidades amazónicas: “Son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de sus tierras, así como en lo económico y administrativo, dentro del marco que la ley establece. La propiedad de sus tierras es imprescriptible…” (Artículo 89º). Ese concepto de propiedad y esta autonomía responden a derechos históricos y consuetudinarios; un marco legal no puede negarlos o contradecirlos sino simplemente regularlos sin desnaturalizarlos.

En tercer lugar, la Constitución Política de nuestro país reconoce a las comunidades amazónicas un derecho a su justicia propia o justicia comunal: “Las autoridades de las Comunidades [Andinas] o [Amazónicas], con el apoyo de las Rondas Campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona….” (Artículo 149º). Este derecho constitucional otorga a las comunidades amazónicas la facultad de juzgar o resolver sus conflictos relacionados a su propiedad y recursos naturales siguiendo su derecho consuetudinario. Esto significa que tienen el derecho constitucional de ejercer el control difuso constitucional o aplicar la supremacía constitucional en su territorio (Artículo 138º): constitucionalmente pueden no acatar los Decretos y Leyes que afectan sus históricos derechos de propiedad y recursos naturales de subsistencia por considerar que atentan contra la misma Constitución Política del Perú.

Por último, la Constitución Política de nuestro país reconoce en las comunidades amazónicas derechos que todo ciudadano puede ejercer y deben hacer valer: el derecho de protesta, reclamo o petición colectiva (Artículo 2º, inciso 20º) y el derecho de legítima defensa (Artículo 2º, inciso 23º). Es legítimo que las comunidades amazónicas reclamen o se defiendan si sienten que se les está agrediendo a través del despojo directo (a través de empresas abusivas) o indirecto (a través de los Decretos o Leyes) de su propiedad o recursos naturales.

Estos derechos constitucionales muestran que las acciones principales que vienen realizando las comunidades amazónicas (mayo 2009) no son delitos u actos sediciosos. Si comprendiéramos mejor la realidad de nuestra Amazonía y sus comunidades simplemente nos pondríamos en el lugar de alguno de sus miembros: ¿Cómo nos sentiríamos si es que extraños invaden y luego nos expulsan de nuestra propiedad? Es urgente comprender mejor el problema, aceptando nuestro derecho constitucional garantista, para actuar con soluciones prácticas que prevengan un desastre político.

(Lima, 16 mayo de 2009)

* Profesor Principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 

Abogado, Magister en Ciencias Sociales y PhD in Laws.

http://reducayali.blogspot.com/2009/05/la-legitima-defensa-constitucional-de.html

¡¡NO ES POSIBLE!!

¡El Colmo! Ahora nos quieren quitar las aguas de nuestros ríos

El gobierno central busca llevarse hasta las aguas de los ríos amazónicos, al menos así lo indica el proyecto de ley que propone el desvío del cause de los ríos Marañón y Huallaga hacia la costa para regar las tierras de cultivo de esa zona.

Con el argumento, ya característico, del presidente Alan García Pérez, de que las aguas tienen que ser distribuidas proporcionalmente en el país, se quiere reencausar estos dos importantes ríos de cuyas aguas alimenta al gran Amazonas.

Lo preocupante es que pese a que el gobierno regional de Loreto fue consultado en su momento sobre este proyecto, no se ha manifestado ni para bien ni para mal.

En tanto, dirigentes ya han dejado sentir su preocupación y han lanzado la alerta para que estemos atentos a este nueva agresión a los pueblos de la amazonia.

El profesor Gildler Torres, secretario general del Sute-Loreto y ex presidente del Frente Patriótico, advirtió que a fines del año pasado denunció sobre este hecho, pero que lamentablemente no tuvo eco, pero que no es tarde para que se tomen acuerdos sobre el tema.

Mientras Manuel coronado, secretario general de la CGTP y Construcción Civil, llamó a todas las fuerzas vivas de Loreto a cerrar filas en defensa de nuestros recursos y exhortó al presidente del Gorel ha manifestarse sobre este cuestionable proyecto. (LVS)

Aprueban inconstitucionalidad de DL 1090

 Con siete votos a favor y seis en contra, se aprobó (en la víspera) el informe que defiende la inconstitucionalidad del Decreto Legislativo (DL) 1090, la nueva ley forestal, en la primera sesión de debate en la comisión de Constitución del Congreso.

El resultado de esta primera audiencia representa un triunfo parcial para las poblaciones amazónicas que hoy cumplen 40 días de paralización indefinida en exigencia de la derogatoria de nueve decretos legislativos.

La bancada nacionalista espera que tras el dictámen de la comisión de Constitución, mañana (hoy) el pleno debata la derogatoria de este decreto. 

Tras dos horas de discusión en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea, con el voto de los parlamentarios Edgard Reymundo (BP), Alda Lazo (AN), Marisol Espinoza (PNP), Daniel Abugattás (PNP), María Sumire (PNP), Rolando Sousa (AF) y Aldo Estrada (UPP) se aprobó el informe en minoría del legislador Daniel Abugattás que establece la inconstitucionalidad de los DL.

Mientras los apristas Aurelio Pastor, Jorge del Castilllo, Javier Valle Riestra, Mauricio Mulder, José Vargas (presidente de la comisión de Constitución) y Javier Bedoya (UN) votaron en contra.

En el caso de que el decreto 1090 fuera derogado, todavía quedan 8decretos más promulgados en el marco del TLC que atentan a los derechosde los pueblos ancestrales, según la Asociación Interétnica de la SelvaPeruana (Aidesep).

Por su parte, Alberto Pizango, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) agradeció a los legisladores por concluir en que el DL 1090 es inconstitucional. 

“Es un importante paso para la solución definitiva y perdurable”, sentenció el dirigente.

Durante la exposición de argumentos en la comisión de Constitución, la parlamentaria María Sumire destacó que el Cconvenio 169 de la OIT, que establece el derecho a la consulta, fue declarada por el Tribunal Constitucional como un tratado en materia de derechos humanos con rango constitucional.

Marisol Espinoza, en tanto, detalló que el artículo 21 del DL 1090 otorga al Ministerio de Agricultura la función de autorizar la deforestación de los bosques para operaciones petroleras, mineras e industriales.

Desmienten al oficialismo

En otro momento, mientras el congresista Mauricio Mulder afirmó que la demanda para derogar los decretos legislativos no fue respaldada por proyectos de ley que propongan su modificatoria, los legisladores Marisol Espinoza y Edgard Reymundo lo desmintieron al exponer las iniciativas que presentaron y que nunca se debatieron por “falta de voluntad política”.

Espinoza Cruz mostró sendos proyectos que presentó su bancada para modificar los decretos 1090, 1087 y otros, además de una demanda de inconstitucionalidad que nunca fue tomada en consideración.

La parlamentaria nacionalista recordó incluso que hace meses dirigieron una carta al premier Yehude Simon solicitándole la conformación de una mesa de diálogo. “La única que se pronunció fue la Defensoría del Pueblo”, recalcó.

A su turno, el Edgard Reymundo también enmendó la plana a Mulder y acusó al aprista de querer manipular, ya se han presentado no sólo proyectos sino dictámenes. “Lo que pasa es que no hay voluntad política para discutir los temas fundamentales”, observó.

Más adelante, Javier Valle Riestra enfatizó que las comunidades amazónicas no son una colonia de Lima y opinó que estamos actuando como mistis, porque “pontificamos sobre una realidad social que no se domina”.

Optó por proponer que se le dé atención a la acción de inconstitucionalidad presentada anteriormente y que no se debata aún porque, en su opinión, sería precipitado.

(Con Información de CNR)

INCREIBLE!!!!

Congresista Vargas votó en contra de los indígenas

El presidente de la Comisión de Constitución, José Vargas, opinó que el decreto legislativo 1090 sí se ciñe a los lineamientos establecidos por la Carta Magna, pero reconoció que la votación que señala lo contrario fue democrática. 

Adelantó que en la sesión de la Comisión de Constitución de la próxima semana, se procederá a votar los informes que recomiendan la inconstitucionalidad de los decretos 994, 995, 1060, 1064, que también han sido rechazados por las comunidades nativas.

Al ser consultado sobre el tema, el congresista loretano Jorge Foinquinos manifestó que este voto de José Vargas se podría tomar como un voto de consigna y para quedar bien con su bancada pero no con la Amazonía.

Foinquinos dijo que existe un nuevo proyecto de la nueva ley de Floresta y Fauna que también rechazaba el DL 1090 y espera que la junta de portavoces se ponga de acuerdo para declararla de prioridad se discuta, se apruebe y no exista el vacío de ley que podría generarse una vez declarada la inconstitucionalidad de el referido DL. 

“Hay que estar en el pechito de Vargas, es entendible desde su bancada pero no desde el sentir amazónico”, concluyó.

Recordemos que la Comisión de Constitución del Congreso declaró ayer inconstitucional – por siete votos a favor, seis en contra y una abstención – el Decreto Legislativo 1090, sobre la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, una de las nueve normas que habían sido objetadas por dirigentes de las comunidades amazónicas en huelga hace un mes. 

A través del referido decreto, que dictó el Ejecutivo en el marco de la implementación del TLC con Estados Unidos, se promovía el uso eficiente y la conservación de los recursos forestales y de la fauna silvestre, incidiendo directamente en la gestión ambiental y en la inversión privada. 

Al final, se pronunciaron a favor de la inconstitucionalidad de la norma los congresistas Edgar Reymundo (Bloque Popular), Alda Lazo (Alianza Nacional), Marisol Espinoza, Daniel Abugattás y María Sumire (Partido Nacionalista), así como sus colegas Aldo Estrada (Unión por el Perú) y Rolando Sousa (Grupo Parlamentario Fujimorista). (LVS)