viernes, 22 de mayo de 2009

Petróleo: La causa del conflicto

Pedro Francke Economista, PUCP
 
La causa del conflicto en la Amazonía es el empecinamiento de Alan García en explotar todo el petróleo que hay allí, a como dé lugar, rápidamente. En una sola ronda de licitaciones otorgó concesiones para la explotación petrolera hasta que estas alcanzaron 49 millones de hectáreas de la Amazonía, el 72% de su territorio. Brasil, cuya área amazónica es mucho mayor que la nuestra, no tiene concesiones petroleras ni por la séptima parte que el Perú. Mucho menos Colombia, que también tiene un gobierno de derecha y neoliberal. 
¿Es esta la mejor estrategia para nuestra economía? Recuérdese que el petróleo sólo puede extraerse, y venderse, una vez. Se agota. Es verdad que podríamos sacar el petróleo y luego invertirlo juiciosamente en favor de las generaciones actuales y futuras, pero cuando todo ese dinero está en manos de nuestros gobernantes, puede desaparecer con facilidad. 
La corrupción prevaleciente en el Perú, como lo mostraron los petroaudios de Rómulo León y el “faenón”, indican que mejor es no sacar todo el petróleo a la vez, sino paulatinamente. Como dice el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz: “El subsuelo puede ser el mejor sitio para guardar esta riqueza, sobre todo si existe el riesgo de que el gobierno use esos ingresos para sus propósitos antes que para el bien público” (*). 
Por otro lado, el haber concesionado de golpe enormes territorios tampoco es buena política.  Refirámonos a Stiglitz nuevamente: “Cuando la competencia por los recursos es limitada –y sobre todo cuando se sabe que es limitada– el precio que prevalecerá será menor. Una forma de limitar la competencia es licitando súbitamente un gran número de lotes –aumentando la oferta de tal manera que la demanda por cada lote sea limitada” (*).  
Imagínese, amigo lector, que usted fuera dueño de 50 edificios en Lima. ¿Remataría todos los departamentos en un solo día, vendiendo a cualquier precio? Ni siquiera en la bolsa de valores, donde hay miles de compradores, un inversionista pone a la venta cantidades muy grandes de acciones de la misma empresa en un solo día. Eso lo sabe hasta el corredor de bolsa más novato. Pero ese remate acelerado es precisamente lo que hizo este gobierno en el “faenón” del petróleo. Este remate se ha realizado sin ningún diálogo con los pueblos indígenas, por lo que violenta convenios internacionales suscritos por el Estado peruano. La explotación petrolera viene generando, además, costos ambientales con efectos sobre la salud de los pueblos indígenas. En las 34 comunidades nativas de la zona de los ríos Tigres y Corrientes, donde opera Pluspetrol, el Ministerio de Salud encontró que el 98% de menores sobrepasa los límites aceptables de cadmio en la sangre. En muchas zonas, la explotación petrolera o maderera ha afectado la pesca y la caza, actividades básicas para la sobrevivencia de estos pueblos. 
La actual protesta indígena se explica porque su salud y su vida están amenazadas y tienen la ley de su parte. Pero reconocer que tienen la razón facilitaría también promover otras opciones de desarrollo amazónico basadas en el aprovechamiento del agua, el bosque y la biodiversidad en alternativas como el turismo ecológico, la venta de la captura de gases invernadero y los bionegocios. Todo ello debe hacerse consultando a los pueblos amazónicos, nunca imponiéndoles a sangre y fuego decisiones tomadas en la capital.
LA LEGÍTIMA DEFENSA CONSTITUCIONAL DE LAS COMUNIDADES AMAZÓNICAS: DERECHOS CONSTITUCIONALES QUE PUEDEN PREVENIR UN DESASTRE POLÍTICO

Antonio Peña Jumpa *
Miles de nuestras comunidades amazónicas (mal llamadas “nativas” en la Constitución y las Leyes) de las regiones de Amazonas, Loreto, Ucayali, San Martín, Cusco, entre otras, se encuentran por segunda vez en una “huelga indefinida” (o reclamo masivo efectivo) que supera los 35 días. La razón principal de esta “huelga” o reclamo masivo se encuentra en la puesta en vigencia de Decretos Legislativos (normas dadas por el Presidente de la República por delegación del Congreso de la República) y ciertas Leyes que, en opinión de los comuneros, afectan sus derechos ancestrales a la propiedad y recursos naturales de subsistencia en las tierras que ocupan históricamente. El reclamo tiene relación directa con un derecho garantista constitucional, a favor de dichas comunidades, que normalmente se desconoce y que bien podría evitar un desastre político.
En primer lugar, la Constitución Política de nuestro país reconoce el derecho a la identidad étnica y cultural de los miembros de las comunidades amazónicas (Artículo 2º, inciso 19º). Este derecho les otorga la facultad de ser diferentes y considerar, desde su concepción como grupo étnico, una apreciación crítica o contraria al contenido de los Decretos o Leyes cuestionadas.
Bajo este mismo derecho de identidad, la Constitución Política del Perú coincide con la vigencia del derecho de consulta a favor de pueblos “indígenas” u originarios regulado en la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo, del que el Perú es parte. De acuerdo a este derecho, debía haber al menos una consulta previa con las comunidades afectadas antes de la aprobación de una medida o promulgación de una norma.
En segundo lugar, la Constitución Política del Perú reconoce el derecho de propiedad como inviolable (Artículo 70º), garantizando un tipo de propiedad privada y comunal (Artículo 88º). Dentro de esta misma línea de derechos, la Constitución Política reconoce el derecho de autonomía de las comunidades amazónicas: “Son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de sus tierras, así como en lo económico y administrativo, dentro del marco que la ley establece. La propiedad de sus tierras es imprescriptible…” (Artículo 89º). Ese concepto de propiedad y esta autonomía responden a derechos históricos y consuetudinarios; un marco legal no puede negarlos o contradecirlos sino simplemente regularlos sin desnaturalizarlos.
En tercer lugar, la Constitución Política de nuestro país reconoce a las comunidades amazónicas un derecho a su justicia propia o justicia comunal: “Las autoridades de las Comunidades [Andinas] o [Amazónicas], con el apoyo de las Rondas Campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona….” (Artículo 149º). Este derecho constitucional otorga a las comunidades amazónicas la facultad de juzgar o resolver sus conflictos relacionados a su propiedad y recursos naturales siguiendo su derecho consuetudinario. Esto significa que tienen el derecho constitucional de ejercer el control difuso constitucional o aplicar la supremacía constitucional en su territorio (Artículo 138º): constitucionalmente pueden no acatar los Decretos y Leyes que afectan sus históricos derechos de propiedad y recursos naturales de subsistencia por considerar que atentan contra la misma Constitución Política del Perú.
Por último, la Constitución Política de nuestro país reconoce en las comunidades amazónicas derechos que todo ciudadano puede ejercer y deben hacer valer: el derecho de protesta, reclamo o petición colectiva (Artículo 2º, inciso 20º) y el derecho de legítima defensa (Artículo 2º, inciso 23º). Es legítimo que las comunidades amazónicas reclamen o se defiendan si sienten que se les está agrediendo a través del despojo directo (a través de empresas abusivas) o indirecto (a través de los Decretos o Leyes) de su propiedad o recursos naturales.
Estos derechos constitucionales muestran que las acciones principales que vienen realizando las comunidades amazónicas (mayo 2009) no son delitos u actos sediciosos. Si comprendiéramos mejor la realidad de nuestra Amazonía y sus comunidades simplemente nos pondríamos en el lugar de alguno de sus miembros: ¿Cómo nos sentiríamos si es que extraños invaden y luego nos expulsan de nuestra propiedad? Es urgente comprender mejor el problema, aceptando nuestro derecho constitucional garantista, para actuar con soluciones prácticas que prevengan un desastre político.

(Lima, 16 mayo de 2009)

* Profesor Principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 
Abogado, Magister en Ciencias Sociales y PhD in Laws.

http://reducayali.blogspot.com/2009/05/la-legitima-defensa-constitucional-de.html

miércoles, 20 de mayo de 2009

¡¡NO ES POSIBLE!!

¡El Colmo! Ahora nos quieren quitar las aguas de nuestros ríos

El gobierno central busca llevarse hasta las aguas de los ríos amazónicos, al menos así lo indica el proyecto de ley que propone el desvío del cause de los ríos Marañón y Huallaga hacia la costa para regar las tierras de cultivo de esa zona.
Con el argumento, ya característico, del presidente Alan García Pérez, de que las aguas tienen que ser distribuidas proporcionalmente en el país, se quiere reencausar estos dos importantes ríos de cuyas aguas alimenta al gran Amazonas.
Lo preocupante es que pese a que el gobierno regional de Loreto fue consultado en su momento sobre este proyecto, no se ha manifestado ni para bien ni para mal.
En tanto, dirigentes ya han dejado sentir su preocupación y han lanzado la alerta para que estemos atentos a este nueva agresión a los pueblos de la amazonia.
El profesor Gildler Torres, secretario general del Sute-Loreto y ex presidente del Frente Patriótico, advirtió que a fines del año pasado denunció sobre este hecho, pero que lamentablemente no tuvo eco, pero que no es tarde para que se tomen acuerdos sobre el tema.
Mientras Manuel coronado, secretario general de la CGTP y Construcción Civil, llamó a todas las fuerzas vivas de Loreto a cerrar filas en defensa de nuestros recursos y exhortó al presidente del Gorel ha manifestarse sobre este cuestionable proyecto. (LVS)

Aprueban inconstitucionalidad de DL 1090

 Con siete votos a favor y seis en contra, se aprobó (en la víspera) el informe que defiende la inconstitucionalidad del Decreto Legislativo (DL) 1090, la nueva ley forestal, en la primera sesión de debate en la comisión de Constitución del Congreso.
El resultado de esta primera audiencia representa un triunfo parcial para las poblaciones amazónicas que hoy cumplen 40 días de paralización indefinida en exigencia de la derogatoria de nueve decretos legislativos.
La bancada nacionalista espera que tras el dictámen de la comisión de Constitución, mañana (hoy) el pleno debata la derogatoria de este decreto. 
Tras dos horas de discusión en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea, con el voto de los parlamentarios Edgard Reymundo (BP), Alda Lazo (AN), Marisol Espinoza (PNP), Daniel Abugattás (PNP), María Sumire (PNP), Rolando Sousa (AF) y Aldo Estrada (UPP) se aprobó el informe en minoría del legislador Daniel Abugattás que establece la inconstitucionalidad de los DL.
Mientras los apristas Aurelio Pastor, Jorge del Castilllo, Javier Valle Riestra, Mauricio Mulder, José Vargas (presidente de la comisión de Constitución) y Javier Bedoya (UN) votaron en contra.
En el caso de que el decreto 1090 fuera derogado, todavía quedan 8decretos más promulgados en el marco del TLC que atentan a los derechosde los pueblos ancestrales, según la Asociación Interétnica de la SelvaPeruana (Aidesep).
Por su parte, Alberto Pizango, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) agradeció a los legisladores por concluir en que el DL 1090 es inconstitucional. 
“Es un importante paso para la solución definitiva y perdurable”, sentenció el dirigente.
Durante la exposición de argumentos en la comisión de Constitución, la parlamentaria María Sumire destacó que el Cconvenio 169 de la OIT, que establece el derecho a la consulta, fue declarada por el Tribunal Constitucional como un tratado en materia de derechos humanos con rango constitucional.
Marisol Espinoza, en tanto, detalló que el artículo 21 del DL 1090 otorga al Ministerio de Agricultura la función de autorizar la deforestación de los bosques para operaciones petroleras, mineras e industriales.
Desmienten al oficialismo
En otro momento, mientras el congresista Mauricio Mulder afirmó que la demanda para derogar los decretos legislativos no fue respaldada por proyectos de ley que propongan su modificatoria, los legisladores Marisol Espinoza y Edgard Reymundo lo desmintieron al exponer las iniciativas que presentaron y que nunca se debatieron por “falta de voluntad política”.
Espinoza Cruz mostró sendos proyectos que presentó su bancada para modificar los decretos 1090, 1087 y otros, además de una demanda de inconstitucionalidad que nunca fue tomada en consideración.
La parlamentaria nacionalista recordó incluso que hace meses dirigieron una carta al premier Yehude Simon solicitándole la conformación de una mesa de diálogo. “La única que se pronunció fue la Defensoría del Pueblo”, recalcó.
A su turno, el Edgard Reymundo también enmendó la plana a Mulder y acusó al aprista de querer manipular, ya se han presentado no sólo proyectos sino dictámenes. “Lo que pasa es que no hay voluntad política para discutir los temas fundamentales”, observó.
Más adelante, Javier Valle Riestra enfatizó que las comunidades amazónicas no son una colonia de Lima y opinó que estamos actuando como mistis, porque “pontificamos sobre una realidad social que no se domina”.
Optó por proponer que se le dé atención a la acción de inconstitucionalidad presentada anteriormente y que no se debata aún porque, en su opinión, sería precipitado.
(Con Información de CNR)

INCREIBLE!!!!

Congresista Vargas votó en contra de los indígenas

El presidente de la Comisión de Constitución, José Vargas, opinó que el decreto legislativo 1090 sí se ciñe a los lineamientos establecidos por la Carta Magna, pero reconoció que la votación que señala lo contrario fue democrática. 
Adelantó que en la sesión de la Comisión de Constitución de la próxima semana, se procederá a votar los informes que recomiendan la inconstitucionalidad de los decretos 994, 995, 1060, 1064, que también han sido rechazados por las comunidades nativas.
Al ser consultado sobre el tema, el congresista loretano Jorge Foinquinos manifestó que este voto de José Vargas se podría tomar como un voto de consigna y para quedar bien con su bancada pero no con la Amazonía.
Foinquinos dijo que existe un nuevo proyecto de la nueva ley de Floresta y Fauna que también rechazaba el DL 1090 y espera que la junta de portavoces se ponga de acuerdo para declararla de prioridad se discuta, se apruebe y no exista el vacío de ley que podría generarse una vez declarada la inconstitucionalidad de el referido DL. 
“Hay que estar en el pechito de Vargas, es entendible desde su bancada pero no desde el sentir amazónico”, concluyó.
Recordemos que la Comisión de Constitución del Congreso declaró ayer inconstitucional – por siete votos a favor, seis en contra y una abstención – el Decreto Legislativo 1090, sobre la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, una de las nueve normas que habían sido objetadas por dirigentes de las comunidades amazónicas en huelga hace un mes. 
A través del referido decreto, que dictó el Ejecutivo en el marco de la implementación del TLC con Estados Unidos, se promovía el uso eficiente y la conservación de los recursos forestales y de la fauna silvestre, incidiendo directamente en la gestión ambiental y en la inversión privada. 
Al final, se pronunciaron a favor de la inconstitucionalidad de la norma los congresistas Edgar Reymundo (Bloque Popular), Alda Lazo (Alianza Nacional), Marisol Espinoza, Daniel Abugattás y María Sumire (Partido Nacionalista), así como sus colegas Aldo Estrada (Unión por el Perú) y Rolando Sousa (Grupo Parlamentario Fujimorista). (LVS)

Oficializan creación de Comisión Multisectorial que verá problemática de pueblos de amazonía

El Poder Ejecutivo oficializó hoy la conformación de la Comisión Multisectorial entre el Estado y los representantes de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) para abordar la problemática de los pueblos indígenas de la Amazonía. 
Según el Decreto Supremo, firmado por el presidente Alan García Pérez, esta comisión constituirá un espacio de consulta, cuya misión será coadyuvar al análisis y la búsqueda de acuerdos consensuados de los asuntos planteados por la organización representativa que la agrupa y el Estado.
El dispositivo, publicado hoy en el boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano, señala que la comisión estará integrada por un representante de la Presidencia del Consejo de Ministros, quien la presidirá; un representante del Ministerio de la Mujer, otro del Ministerio del Ambiente, y del Ministerio de Agricultura.
Además, un representante de Energía y Minas, de Educación, del Interior, de Salud, de Transportes y Comunicaciones, de Vivienda, Saneamiento y Construcción.
Asimismo, un representante del Instituto Nacional de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (Indepa), quien ejercerá la función de Secretaría Técnica, y un máximo de 7 representantes de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva peruana – Aidesep.
La norma precisa que también podrán integrar la comisión multisectorial un representante de los presidentes regionales de la zona amazónica y otro de los alcaldes de la zona amazónica.
Entre las funciones de dicha comisión se menciona abordar la problemática de los pueblos indígenas de la Amazonía, promover el debate y hacer el seguimiento de las políticas de Estado sobre los pueblos indígenas, fortalecer la institucionalidad indígena en al estructura del Estado y contribuir con propuestas normativas para dar un marco jurídico de protección de los derechos de los pueblos indígenas. (LVS)

Por fin!!!!

En medio de un candente debate se aprobó en Comisión de Constitución derogatoria de Decreto Legislativo 1090

En medio de un intenso debate jurídico y bajo la atenta mirada de los dirigentes nativos de Aidesep, la sesión de la Comisión de Constitución del Congreso de la República aprobó por mayoría la derogatoria del Decreto Legislativo 1090 que aprueba la Ley Forestal y de Fauna Silvestre.
La Congresista María Sumire, en su exposición sustentó la inconstitucionalidad del cuestionado Decreto Legislativo fundamentando que esta norma colisiona con el artículo 66 de la Constitución ya que establece que sólo por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización, de los recursos naturales, y de su otorgamiento a particulares.
Así mismo, la legisladora precisó que el Tribunal Constitucional ha emitido una sentencia, la 3343’2007-PA/TC en la que establece que el Gobierno debe implementar la consulta con los pueblos originarios antes de emitir alguna norma que los pueda directamente afectar; y que el Convenio 169 de la OIT tiene rango constitucional.
En este momento del debate el Congresista Aurelio Pastor solicitó una interrupción para reconocer que lo que decía la Congresistas Sumire era cierto pero que la consulta previa no era vinculante, a lo que la Congresista Sumire replicó que el tema no era si la consulta es vinculante o no, sino que el Gobierno debe hacer una consulta previa antes de implementar una norma para los pueblos originarios por lo que la legisladora le preguntó ¿el gobierno ha hecho la consulta previa?, pregunta que no obtuvo respuesta de parte del representante del APRA.
Finalmente la legisladora nacionalista basándose en la legislación comparada refirió que la Corte Constitucional de Colombia, en la sentencia C-030/08, del 23 de enero de 2008, declaró inconstitucional la Ley General Forestal de Colombia 1021/06, que había sido aprobada por su Congreso con el fin de regular la explotación de los bosques naturales, en los que de modo similar al Perú lo ocupan sus pueblos indígenas, precisamente por no haber realizado un proceso de consulta previa como en el caso peruano. (LVS) 

martes, 19 de mayo de 2009

Dirigentes denuncian actos de provocación y amedrentamiento por parte de la Marina

El presidente de Organización de Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO), Edwin Vásquez Campos, denunció que la Marina de Guerra del Perú envió varias embarcaciones militares a la cuenca del río Napo para provocar y amedrentar a los nativos, que se encuentran más de 30 días en paralización.
“Son actos de amedrentamiento ante nuestro reclamo justo, en defensa de nuestras vidas y no caeremos ante estas situaciones, porque nuestra lucha es pacífica, a pesar de que hemos radicalizado nuestras medidas”, dijo en declaraciones al programa LVS Noticias de radio La Voz de la Selva 
El dirigente agregó que el río Napo continuará cerrado a pesar de que algunos efectivos de la Marina hayan agredido a unos manifestantes. Aseguró que alertarán a los demás indígenas para que no se produzcan enfrentamientos. (LVS)

Y la oposición comenta...

Víctor Isla: “La Amazonía es de banqueros y petroleros”

El parlamentario nacionalista, Víctor Isla Rojas, respondió al primer mandatario Alan García quien dijo que los indígenas pueden ser dueños del suelo pero no del subsuelo pues ello pertenece a todos. “Seguro que el presidente quiso decir que es de todos, pero de todos sus amigos banqueros, petroleros, pero no de todos los peruanos”, precisó Isla. 
El congresista loretano reiteró que el presidente burló un acuerdo internacional que para el Perú es Ley. Isla dijo que la intervención de la Defensoría del Pueblo es acertada aunque su intervención debió producirse hace mucho tiempo atrás. 
“Esperamos que el informe que emita la Defensoría permita reiterar que las resoluciones contra la amazonía es inconstitucional”, puntualizó. Señaló también que la soberbia del presidente le hace pensar que es de débiles reconocer errores y persistir en ellos. Más aún cuando el 80 por ciento de la gente está en desacuerdo con algunas acciones del presidente como el de reelegirse. (LVS)

Todo se vale, pero...

Congresista Vargas se olvida de su tierra y apoya posición de Alan García

El congresista José Vargas Fernández (APRA) dijo que la posición de los líderes de la propuesta y del presidente regional es “demagogia barata” porque nadie ha podido explicar de manera clara en qué afecta los Decretos Legislativos por los que actualmente se mantienen en huelga casi 40 días las comunidades indígenas de la Amazonía. 
Vargas dijo que el presidente regional, Iván Vásquez, quiere subirse al carro de la manipulación y lo que debe hacer es explicar que hace con los fondos del 5% del canon que por ley se deben entregar a las comunidades indígenas. “No ha gastado ni el 0.5%”, declaró. Por otro lado dijo se mostró contrario sobre la propuesta del paro regional porque precisamente nadie ha sabido decir en qué los afecta directamente estos decretos. 
Reveló que la misma Defensoría del Pueblo ha manifestado que no se pueden determinar la constitucionalidad de las leyes porque en el país no existen los mecanismos para este procedimiento. En todo caso, dijo, existen los órganos correspondientes (Tribunal Constitucional) pero que de manera personal cree que no son inconstitucionales. Precisó que tres de estos decretos (1020, 1080 y 1089) ya fueron declarados que son constitucionales por una comisión de trabajo liderado por el nacionalista Daniel Abugatas. (LVS)

PRESIDENTE REGIONAL DE LORETO SE PRONUNCIA

Iván Vásquez plantea al gobierno central derogar dispositivos que van contra nuestra forma de vida

El presidente del Gobierno Regional de Loreto, Iván Vásquez Valera, planteó al Gobierno Central derogar los dispositivos legales que atentan contra nuestra forma de vida y el manejo de nuestros espacios, tal y como nos lo han enseñado por siglos nuestros hermanos indígenas, quienes ahora son los protagonistas directos defendiendo su derecho a la vida, contra un insensible Gobierno Central que amparado en una delegación de facultades dada por el congreso, aprobó entre gallos y media noche decretos legislativos que son una verdadera afrenta no sólo para los nativos sino para toda la población loretana, imponiendo en forma vertical medidas ajenas a nuestra realidad. 
“Creemos que somos nosotros quienes tenemos que construir nuestro propio futuro”, dijo, señalando que, el momento coyuntural nos mueve a pedir al Gobierno que en primer lugar derogue el Decreto Supremo Nº 027-2009-PCM, que declara el Estado de Emergencia en el distrito del Napo de la provincia de Maynas y en los distritos de Andoas, Morona, Pastaza y Manseriche, de la provincia de Datem del Marañón y otras provincias del país; así como exigir la derogatoria o modificación de los Decretos Legislativos Nº 994, 995, 1020, 1060, 1064, 1080, 1081, 1083, 1089 y 1090, así como la Ley Nº 29338 - Ley de Recursos Hídricos, por ser normas que vulneran los territorios de los pueblos amazónicos. 
Pero, dijo, también es momento de plantear que nos dejen proponer nuestra propia forma de crecer, nuestro propio modelo de desarrollo, en base al manejo de nuestros espacios, tal como nos han enseñado nuestros hermanos indígenas durante siglos. “Aquí estamos para defender la vida; hace siglos que debíamos haber caminado juntos con nuestros hermanos, pero nunca es tarde y estamos seguros que unidos lograremos ganarle al centralismo en esta lucha, para que no nos impongan normas que están fuera de nuestra realidad”, dijo.
Cabe destacar que la autoridad, encabezó junto a los Alcaldes de Maynas, San Juan Bautista, Punchana y Belén, así como dirigentes nativos y de organizaciones populares, una gigantesca marcha de solidaridad con la lucha de los pueblos indígenas, que cubrió más de 20 cuadras de las principales calles de Iquitos. Por primera vez participaron en esta marcha las diferentes parroquias y organizaciones juveniles de la Iglesia Católica, e inclusive en representación de ellos, habló el R.P. Miguel Fuertes Prieto. 
Al pie de la estatua de la Libertad de la Plaza 28 de julio, también hicieron uso de la palabra: los representantes de las comunidades de Negro Urco, Copal Urco, Andoas, San Rafael, el profesor Rafael Chanchari, de Formabiap; el Alcalde de la Municipalidad distrital de Napo, Rogerio Quevedo; el Alcalde de la provincia de Maynas, Salomón Abensur y el Presidente de la Organización de Estudiantes Indígenas de la Amazonía/OEPIAP, Wagner Mussolini Acho. (LVS)