La apatía

La apatía Javier Diez Canseco García vuelve a la ofensiva. Ha planteado al Congreso una modificatoria de la legislación sobre Desplazados para “facilitar” al Estado el desplazamiento forzado de poblaciones enteras ubicadas en territorios que resulten de interés para el desarrollo de grandes inversiones de “interés público o primordial”. Y Petroperú anuncia que continuará la subasta de lotes de petroleros amazónicos en abril. Tras la norma, que Róger Rumrrill ha llamado un “etnocidio cultural”, hay importantes intereses que pretenden apropiarse de tierras de las comunidades nativas, campesinas y de mestizos que pueblan zonas –como la Amazonía y los Andes– ricas en recursos naturales. El desalojo forzado sirve a quienes tienen denuncias para industrias extractivas (principalmente petroleras) en más de dos terceras partes de la Amazonía, pero también a quienes pretenden imponer el Convenio con el Brasil para construir varias centrales hidroeléctricas en territorio peruano –comenzando con Inambari– y generar electricidad, centralmente para el poderoso vecino, a costa de inundar cientos de kilómetros cuadrados de nuestro territorio y formar espejos de agua que producirían grave amenaza al medio ambiente y fuerte impacto sobre los sistemas ecológicos y poblaciones que serían desplazadas y afectadas. Poco importa al gobierno violar, otra vez, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales que exige consulta previa a éstos, lo que ciertamente no se ha producido. Menos importa a García y a Velásquez Quesquén que ello destruya los supuestos espacios de diálogo abiertos luego de la sangrienta e irresponsable actuación que llevó al “Baguazo”, con decenas de muertos y heridos. Los intereses del gran capital –y sus coimisiones– están por encima de todo. Las movilizaciones indígenas se han comenzado a reactivar, pero el grueso del país observa casi impasible cómo se construye un escenario de conflicto que una película muy vista estos días, Avatar, recrea sencilla y gráficamente. A esta brutal agresión contra una parte importante de los peruanos y peruanas más pobres y oprimidos, se suman numerosos hechos bochornosos, pero que no generan efectiva respuesta política y social. Apenas si alborotan el gallinero periodístico y mediático, mientras pocos reaccionan, se indignan o protestan activamente. Pocas veces se ha sentido tan claramente el efecto de la descomposición moral en el país como ahora. No voy a recapitular el que el escándalo y la corrupción asoman en cada institución que se mire. El caso del Consejo Nacional de la Magistratura en el nombramiento de quienes administran justicia es vergonzoso. Pero parece que un recambio de presidente y una supuesta investigación son suficientes para ganar tiempo y pasarlo al olvido. Los petroaudios, el faenón, y los vínculos de connotados políticos del gobierno apro-fujimorista (desde congresistas hasta ministros) con Business Track y su jefe, Ponce Feijóo, siguen en la nebulosa. Sale –a cuentagotas– la información del récord de llamadas entre apristas, fujimoristas y Ponce, el Congreso no accede a los discos duros y USB en los que constan las grabaciones y se traba el informe de su Comisión Investigadora, mientras el PJ deshoja margaritas. El tiempo pasa. Nadie ubica a los responsables de ordenar las grabaciones y beneficiarse de ellas. ¿Y el caso Relima-Comunicore? Pone en grave entredicho al Alcalde de Lima y su administración en el cobro de una deuda millonaria por una empresa fantasmal y la posterior renovación de contrato por 10 años para Relima. ¿Y las preferencias electorales por Keiko Fujimori y Alex Kouri –dos connotados fujimontesinistas– en Lima, que dicen de los criterios éticos de un sector de la población y de los niveles de descomposición moral? Pero lo más penoso es la apatía de la mayoría. El desgano y la modorra cubren el país como un manto de húmeda y calurosa neblina mientras se acercan las elecciones. http://www.larepublica.pe/contracorriente/01/03/2010/la-apatia

Consejo Episcopal Latinoamericano reclama por protección de pueblos que habitan en la Amazonía AIDESEP, 01 de marzo de 2010. El Consejo Episcopal Latinoamericano –CELAM determinó que el crecimiento económico extractivista y el crecimiento urbano, son las tres principales amenazas contra la Amazonía. Su representante, Lucio Florio, opinó que estos tres escenarios tienen como consecuencia deforestación, contaminación de ríos, desplazamientos de los pueblos indígenas y aniquilamiento de la biodiversidad. El modelo de crecimiento económico extractivista sostiene que la Amazonía es una fuente inagotable de recursos naturales renovables y no renovables para su explotación tanto por las industrias extractivas (petróleo, gas, minerales, madera, agua) como para la expansión agrícola (agronegocios, commodities) y generación de energía hidroeléctricas. En el caso del crecimiento económico bio-ambiental latente, se refiere a que las culturas de los pueblos que viven en la Amazonía tienen un valor comercial potencial que se ha de preservar para la apropiación del conocimiento y disponibilidad del material biótico existente para su uso farmacéutico y cosmético. Es decir, tanto el primer modelo como el segundo responden a la misma racionalidad mercantilista de maximización de la ganancia, muchas veces en perjuicio de las personas, el derecho de los pueblos y del ambiente. En el último aspecto se nos llama la atención sobre el crecimiento en los últimos años de las ciudades en la Amazonía, lo cual trae como consecuencia no sólo el deterioramiento de la calidad de las aguas de los ríos y la preservación de la selva circundante, sino también las condiciones de vida de las personas que viven en las periferias más empobrecidas de las esas ciudades, perdiendo su memoria y tradiciones históricas. También se señala las políticas de los Estados involucrados en mega proyectos en zonas de gran biodiversidad y que generen impactos, se responsabilicen en la preservación de la biodiversidad biológica y socio-cultural de la Amazonía. Cosa que no viene ocurriendo en muchos países del continente.

Denuncian sistemática violación a derechos de las comunidades AIDESEP, 01 de marzo de 2010. El reciente informe de la OIT corrobora la sistemática violación del Estado a los derechos de las comunidades indígenas, señaló Hernán Coronado, responsable de la Mesa de Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y opinó que el documento donde se solicitó al Perú suspenda la exploración y explotación de recursos naturales es un claro ejemplo que las cosas se están haciendo mal en el país. El representante recordó que no es la primera vez que la OIT invoca al Estado a poner freno a ese tipo de actividades. En ese sentido, destacó que éste será usado como instrumento jurídico para reivindicar los derechos de los pueblos amazónicos y andinos. "El Estado está en la obligación de levantar las observaciones de la OIT. Esperemos que responda esta comunicación con medidas específicas",remarcó. Agregó que antes que políticas de integración, lo que se requiere son medidas que impulsen la inclusión; es decir, que se reconozca el derecho de las comunidades a seguir sus propias prioridades de desarrollo. De igual manera, es menester que estas medidas se adecuen - a través de programas y políticas- donde los pueblos indígenas puedan participar. Además, se pide promover la institucionalidad en materia de comunidades, asegurando su participación en la vida del país.